Mientras los bioquímicos y farmacéuticos argentinos nos levantamos temprano y acostamos tarde, poniendo el cuerpo y la cabeza para atender la pandemia, nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires hace 8 meses está cerrada, pero sus autoridades siguen percibiendo su pago sin salir de casa y tienen tiempo para emitir la Resolución Oficial IF-2020-01429784-UBA-DGTA#SAFFYB “Rechazo a las declaraciones de los profesionales de la salud que cuestionan el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y la vacunación COVID19” que por su falta de rigurosidad científica e insolidez avergüenza a la comunidad profesional y académica.

La Facultad dice “Que existen profesionales de la Salud que cuestionan la efectividad del aislamiento social, preventivo y obligatorio e incluso ponen en tela de juicio la utilidad y obligatoriedad de la eventual vacunación…”, pero ignora que no solo los profesionales de la salud la cuestionan, sino también los periodistas, abogados, educadores, deportistas, sindicalistas, embajadores, legisladores y profesionales no sanitarios. Es evidente que el sueño prolongado (ya no es aislamiento) en el que vive la Facultad le impidió notar que la mitad del país cuestiona la efectividad del ASPO y se opone a un “arresto” domiciliario como medida sanitaria.

La Resolución considera “Que dichas declaraciones de profesionales carecen de un sustento científico y generan confusión en la audiencia de los medios de comunicación y por ende a la sociedad en general”, pero no explica cuáles serían esas declaraciones insustentadas que confunden. Por otra parte, las razones que dan los profesionales criticados por la Facultad se ven muy razonables: incremento de problemas psiquiátricos, cardíacos y oncológicos que no pueden atenderse, y crecimiento de obesidad, automedicación, tabaquismo y alcoholismo por encierro inactivo prolongado. Lo que confirma que la Resolución de la Facultad no es académica sino política ya que hizo silencio cuando el Ministro de Salud Ginés González García afirmó: “el virus jamás llegará a Argentina…”, “el barbijo solo protege a quienes lo venden…”, “la curva de casos se espera para fin de marzo…”, “los tests rápidos no requieren bioquímicos porque son tecnología sencilla…” y otras tantas definiciones “rigurosas”.

La unidad “académica” afirma “Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio constituye una de las principales medidas sanitarias para controlar la infección por COVID-19, que azota como pandemia a numerosos países del mundo…”, pero a pesar de los 150 días de ASPO los casos no paran de crecer y Argentina se ubica en el número 15 del ranking mundial de países con más contagios, superando a los tan criticados Italia y Suecia. La reciente publicación de fallecidos totales entre enero junio 2020, comparados con igual período de 2019, muestra valores equivalentes entre un año y otro, confirmando que el encierro no salvo ni una sola vida.

En su Resolución, la Facultad “copió y pegó” una frase de estilo: “Que la vacunación, junto con otras políticas sanitarias como la potabilización del agua, ha logrado prevenir y en algunos casos erradicar, un conjunto de enfermedades infecciosas que históricamente constituían un flagelo para la humanidad…” sin notar que la vacunación exprés que hoy se promueve es insegura porque ha matado decenas de santiagueños en 2009 y cientos de nigerianos en 2005, y el ASPO incrementó 7% la pobreza dejando 3 millones de nuevos argentinos pobres, sin agua potable ni cloaca.

La Facultad se contradice al afirmar “Que una eventual cobertura de vacunación resulta indispensable para alcanzar una inmunidad de rebaño, que protege a la sociedad en su conjunto…” ya que el encierro, que tanto defiende, impide tal inmunidad de rebaño.

El ASPO promovido por el gobierno y militado por la Facultad ha provocado una epidemia de problemas psiquiátricos, nueve mil decesos cardiológicos, tres mil fallecidos por problemas metabólicos, mil muertos oncológicos por llegar tarde a la consulta, y cuatrocientos mil desempleados que enfermarán o morirán porque difícilmente puedan volver a reinsertarse laboralmente. O sea que por cada vida que se intentó salvar de covid con el encierro se mataron cinco por sus efectos secundarios.

No existe un solo libro en la Facultad de Farmacia (ni de Medicina) que considere saludable encerrar personas sanas, y sobra evidencia de que las vacunas rápidas son nocivas, pero la militancia dura de farmacia y bioquímica, con estudiantes que no estudian y graduados que no ejercen, militan los “derechos” y la “igualdad” pero son instrumento para que millonarios como Hugo Sigman sigan enriqueciéndose con negocios vestidos de ciencia traídos de la mano de multinacionales como Astra Zeneca que, a cambio de la “vacuna salvadora”, exige inmunidad legal. Tampoco han dicho nada los políticos de farmacia y bioquímica de los derechos humanos de los argentinos con los que está experimentando Pfizer.

En lugar de militancia vacía y encierro autoritario, la Facultad podría recomendar la Inmunología que enseña. La inmunidad natural es “la defensa con que cuenta el organismo ante los cuerpos extraños como infecciones bacterias y virus, cuyo propósito es atacar dichos cuerpos y destruirlos mediante agentes protégenos” y se logra saliendo, ejercitándose, asoleándose, adelgazando, descansando y dejando la vida sedentaria que supone quedarse en casa 150 días. La inmunidad natural salva más vidas que las vacunas.

La “academia” perdió la oportunidad de dar una opinión técnica sobre la precisión diagnóstica de los PCR y la efectividad terepéútica de Hidroxicloroquina, Dióxido de cloro, Ibupofreno modificado y los otros tratamientos farmacéuticos que la comunidad desea y necesita saber.

A los consejeros: Edda Villamil Lepori, Amalia Merelli, Federico Pachame, Daniela Catrufo, Alberto Lazarowski, María Cruz Mollo y Victoria Laurel, que se creen valientes como para difamar y firmar un panfleto político con forma de Resolución académica, les proponemos un debate para dirimir quien tiene razón: si los bioquímicos y farmacéuticos que ejercemos la profesión o los “científicos” que jamás ven pacientes y cobran sin salir de su casa. Lo hacemos por Zoom o Youtube, o a puertas cerradas, como sigue la Facultad. Debatamos si es mejor un encierro militar y una vacuna compulsiva o un cuidado selectivo de mayores y fortalecer la inmunidad natural.

Es triste ver que en medio de un debate y controversia mundial, la Facultad pretenda cortar ambos, adjudicándose una voz y una autoridad que ya no tiene, porque su Resolución es un panfleto político, un acto de censura, un avasallamieno a la libertad de expresión y al criterio autónomo que deben tener los profesionales. Es un acto de cobardía ya que escondiéndose bajo un paraguas de un “cuerpo directivo” se pretende restringir el derecho de libre expresión.

Ademas, la Resolución viola el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires (Decreto 154/83 ley 23068) ya que las decisiones de Consejo Directivo de las Unidades Académicas tienen que ver solo con la vida interna de la Facultad relacionado con la docencia (o sea no tiene injerencia con los profesionales en ejercicio), y también agrede  la “libertad de cátedra” y el no pensamiento único que dicho Estatuto promueve.

Utilizar la investidura que da ocupar un cargo de consejero para entrometerse en la libertad de expresión de los ciudadanos y de los profesionales, que por su condición ya no están bajo la orbita de la UBA, constiuyen actos de deshonestidad intelectual e incumplimiento de obligaciones pasibles de juicio académico (Res. CS 217/85).

La Facultad de Farmacia y Bioquímica quedó subsumida en la militancia “K”, “Albertista”, con el fin de propagar consignas oficialistas sin siquiera estudiarlas ni razonarlas. De Unidad Académica pasó a ser una Unidad Básica.

Por eso, los farmacéuticos y bioquímicos argentinos repudiamos esta resolución antiestatutaria, antijurídica y anticientífica que pretende acallar a los profesionales en actividad, que justamante fueron formados en defensa del derecho de la libertad de conocimiento y de expresión.

Consejo Directivo

Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB